Latinhub

El Comité Internacional de la Cruz Roja decidió adelantar su visita a Guantánamo debido a una creciente huelga de hambre que ya alcanza a 31 de los 166 prisioneros que Estados unidos retiene en la cárcel que posee en territorio cubano, muchos de ellos sin cargos en su contra.

El portavoz del CICR, Simon Schorno, dijo hoy que "hemos mandado un par de delegados, uno de ellos un doctor especializado para que supervise específicamente los problemas por la huelga de hambre" en Guantánamo, iniciada el 6 de febrero pasado por 24 reclusos y que hoy alcanza a 31. Schorno explicó que la visita de dos semanas programada de modo rutinario para vigilar el tratamiento de los presos estaba prevista para el 1 de abril, pero que se resolvió anticipar la salida hacia Guantánamo.

Al igual que el CICR, el general John Kelly, jefe del Comando Sur del ejército estadounidense, dijo que los presos se sienten “frustrados” por el fracaso del gobierno de Obama en cerrar el campo de detención para presuntos islamistas radicales. De los presos de Guantánamo en huelga de hambre, 11 ya tuvieron que comenzar a recibir líquidos a través de vías de la nariz al estómago

Los presos se quejaron de que se les habían confiscado fotos y correspondencia al registrar sus celdas y que durante esos registros los soldados dieron un trato irrespetuoso a sus copias del Corán, el libro sagrado musulmán. Pero el general Kelly calificó esas acusaciones de “tonterías” e insistió en que la huelga se debe al cansancio y la frustración por sentirse abandonados, al declarar esta semana ante la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes en Washington.

En la actualidad, 90 de los 166 prisisoneros están a la espera de ser liberados, ya que no hay cargos contra ellos, aunque esa impopular medida, vista como un signo de debilidad por los conservadores estadounidenses, está suspendida indefinidamente. En este momento, sólo seis de los presos están atravesando por un proceso legal para ser juzgados, entre ellos los supuestos autores materiales e intelectuales de los atentados del 11-S.

Además, en enero pasado fue cerrada la oficina del Departamento de Estado encargada de la reubicación de los presos de Guantánamo, que tenía un presupuesto anual de 114 millones de dólares, unas 20 veces más de lo que la Oficina de Prisiones de Estados Unidos gasta por preso en sus cárceles de máxima seguridad.

FUENTE: telam

La justicia chilena excarceló este lunes, pero impidió salir del país, a tres conscriptos bolivianos detenidos hace un mes por ingresar armados a Chile, y a uno le dio prisión domiciliaria nocturna, en un fallo que provocó duras acusaciones entre los gobiernos de ambos países.  La medida, resistida por la Fiscalía chilena, decretó que los militares Alex Choque y Augusto Cárdenas quedaran en libertad y con arraigo nacional, es decir, impedidos de abandonar Chile.

El otro implicado, José Fernández, quedó con arresto domiciliario nocturno debido a que está acusado de haber ingresado a Chile portando un fusil. El militar cumplirá la sanción en casa del diputado comunista Hugo Gutiérrez, en Iquique.

La Fiscalía ahora tiene 10 días para presentar la acusación, a menos que los gobiernos negocien una salida alternativa, como la expulsión, que es rechazada por La Paz, ya que considera que el ingreso a Chile fue "por error" en persecusión de contrabandistas, y en cumplimiento de acuerdos internacionales de lucha contra el crimen.

Por ese motivo, el presidente boliviano, Evo Morales, elogió la decisión de los tres conscriptos de negarse a aceptar un juicio acelerado, que permitiría la expulsión inmediata a Bolivia de dos de ellos y en pocos días del tercero. Por el contrario, el canciller chileno, Alfredo Moreno, cuestionó  que los militares capturados hubieran cruzado armados la frontera sin saber lo que hacían, y responsabilizó al gobierno boliviano por prolongar el conflicto, al rechazar el abogado defensor de los detenidos la opción de juicio abreviado.

El tema, que encabeza las primeras planas de los diarios de Bolivia y Chile, acentúa la tensión existente entre ambos países por el centenario reclamo boliviano de recuperación de una salida soberana al mar, actualizado por el contrapunto que Piñera y Morales sostuvieron durante la reciente cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Chile y Bolivia, que sólo mantienen relaciones diplomáticas al nivel de cónsules desde 1978, mantienen una compleja relación desde la guerra de 1879-83, en la que el primer venció a una alianza peruano-boliviana y anexó miles de kilómetros cuadrados de territorio, rico en minerales y recursos pesqueros. Bolivia, que perdió su salida al Pacífico en esa conflagración, firmó en 1904 un tratado aceptando los límites posteriores a la guerra, acuerdo que hoy Morales busca modificar. Chile rechaza hasta ahora ceder territorio y modificar su frontera. Además, cualquier acuerdo chileno-boliviano debe ser aprobado también por Perú, país con el que Santiago mantiene otro conflicto de límites marítimos en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

FUENTE Y FOTO: telam

Abd al Akram al Sakka, de 67 años de edad, lleva más de un año en paradero desconocido en lo que constituye una desaparición forzada, que es delito según el derecho internacional. Pese a las desesperadas súplicas de los familiares del anciano imán, las autoridades sirias no han revelado ninguna información sobre su paradero ni sobre las condiciones de su reclusión. De hecho, ni siquiera se notificó la detención a los familiares; de lo único que pueden estar seguros es de que, el 15 de julio de 2011, alrededor de 20 agentes de los servicios de inteligencia de la Fuerza Aérea siria se presentaron en su domicilio de Damasco, en el barrio residencial de Daraya, y se lo llevaron precipitadamente.

Haytham al Hamwi, yerno del imán que ahora vive en el exilio, transmitió recientemente a Amnistía Internacional la angustia de su familia y la falta de información en torno a la desaparición de Al Sakka desde que estalló la revuelta siria a principios de 2011. “Una desaparición implica no saber nada de la persona, e incluso cuando sabes algo, siempre te preocupa que la información no sea correcta”, explicó Al Hamwi.

El pasado septiembre, las autoridades sirias detuvieron también a su padre, Muhammad Yassin al Hamwi, tendero, y a su hermano Muhammad Muhammad al Hamwi, en condiciones constitutivas de desaparición forzada. Estuvieron recluidos en régimen de incomunicación durante cinco y seis meses, respectivamente, y en 2012 fueron liberados. En todo ese tiempo, la familia no supo si estaban vivos o muertos. No se presentaron cargos contra ellos, pero se piensa que fueron detenidos por participar en protestas antigubernamentales. Su padre volvió a desaparecer en mayo de 2012; era su tercera detención desde el inicio del levantamiento en 2011.

Aunque sus familiares nunca recibieron notificación oficial de su detención y custodia, se conocieron turbios detalles de su cautividad cuando un hombre que había estado recluido con ellos fue puesto en libertad. Pero esa información no hizo sino acrecentar el temor y la angustia de la familia, ya que no siempre resultó exacta o fiable. Dado que Haytham Al Hamwi también ha sido preso de conciencia en el país –estuvo dos años y medio privado de libertad en una cárcel siria tras participar en una protesta política pacífica en 2003–, conoce demasiado bien las condiciones que están soportando sus familiares desaparecidos.

El hacinamiento, sumado a otras condiciones precarias de reclusión, pueden agravar problemas de salud existentes; por ejemplo, Muhammad Yassin al Hamwi sufrió un ataque al corazón el año pasado y, según informes, Abd al Akram al Sakka tiene trastornos intestinales.

La tortura en los interrogatorios es generalizada. “Lo más duro en estas circunstancias es la primera semana en la cárcel, porque te torturan por sistema esa semana, mientras te interrogan”, afirmó Haytham Al Hamwi. La desaparición forzada ha sido durante décadas un instrumento característico del régimen sirio, utilizado para actuar selectivamente contra miles de activistas y disidentes y al mismo sumir en un estado de desesperación y miedo a sus familias. “Desde el comienzo de la revuelta en Siria hemos observado un drástico aumento del uso de la desaparición forzada por parte de las autoridades para acallar a la oposición y sembrar el miedo entre familiares y amigos de los desaparecidos”, ha manifestado Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África. “Pero esta demoledora práctica, en Siria y en otros países y regiones del mundo, se remonta décadas atrás.”

Se considera “desaparecida” a una persona detenida, recluida o secuestrada, ya sea por agentes del Estado o por otras personas que actúan en su nombre, cuyos captores niegan que esté recluida o se niegan a revelar su paradero, circunstancia que expone a la persona desaparecida a sufrir diversas violaciones de derechos humanos. Recluida al margen de la protección de la ley, la persona desaparecida es torturada con frecuencia y vive con miedo constante a perder la vida, privada de todos sus derechos y a merced de sus captores. Es una violación de derechos humanos continua, que a menudo se prolonga durante muchos años a partir del secuestro inicial y tiene consecuencias físicas y psicológicas a largo plazo para quien la sufre. En muchos casos, la persona desaparecida nunca es liberada ni llega a conocerse su paradero. Familiares y amigos pueden no descubrir nunca lo que le sucedió, lo que se añade a su sufrimiento. La inseguridad y el miedo que genera la desaparición forzada afectan no sólo a la víctima directa y a sus familiares, sino a la sociedad en su conjunto.

A pesar de que es un crimen de derecho internacional, con excesiva frecuencia los presuntos responsables nunca son obligados a comparecer ante un tribunal. Para intentar poner fin a esta práctica, las Naciones Unidas adoptaron en diciembre de 2006 la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. El tratado tiene por objeto prevenir las desapariciones, que se establezca la verdad cuando ocurren, que se castigue a los responsables y que se proporcione reparación a las víctimas y sus familiares. El 30 de agosto de 2011, la ONU celebró el primer Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas para poner el foco en la persistencia de esta práctica y sus numerosas víctimas en todo el mundo.

Amnistía Internacional ha documentado casos de desaparición forzada en todos los continentes y sigue trabajando sobre el asunto en Argelia, América, los Balcanes, Indonesia, Libia, Mauritania, Malí, Pakistán, Rusia y Sri Lanka, entre otros países y regiones. “Pedimos a los gobiernos de todo el mundo que denuncien la desaparición forzada y se adhieran al tratado mundial para poner fin a su uso. Debe haber justicia de una vez por todas para los muchos miles de personas desaparecidas y sus familiares”, ha afirmado Marek Marczyñski, responsable de Investigación, Política y Campaña en el área de Justicia Internacional de Amnistía Internacional.

La última vez que Victoria Montenegro vio a su madre biológica, Hilda Ramona Torres, tenía 13 días de vida. El 13 de febrero de 1976, un grupo del servicio de inteligencia del ejército entró por la fuerza en su casa, en la provincia argentina de Buenos Aires, mató a sus progenitores (los dos eran activistas políticos) y la trasladó a una comisaría. Hernán Antonio Tetzlaff, que dirigía la operación militar, se la llevó, le cambió el nombre y la adoptó como hija. A partir de ese momento, Victoria Montenegro pasó a ser María Sol Tetzlaff Eduartes, nacida el 28 de mayo de 1976 e hija de Hernán Antonio Tetzlaff y María del Carmen Eduartes. Victoria tardó 25 años en conocer su verdadera identidad y otros 10 en ver cómo se procesaba a siete altos mandos militares (incluidos los ex presidentes de facto Jorge Videla y Reynaldo Bignone y a un obstetra) y se les condenaba a entre 10 y 15 años de prisión por su participación en el plan sistemático de apropiación de bebés durante el gobierno militar en Argentina (1976-1983).

Victoria no está en absoluto sola. Las Abuelas de Plaza de Mayo –la organización que ha encabezado la búsqueda de los “bebés robados” en Argentina– ya han ayudado a que 105 hombres y mujeres hayan recuperado su identidad. Según creen, aún quedan centenares más por localizar. Familiares de personas desaparecidas en Argentina y otros países han estado al frente de la lucha para que se haga justicia por los miles de desapariciones forzadas que se produjeron en toda América Latina en las décadas de 1960, 1970 y 1980. Sus esfuerzos han dado lugar a la creación de un Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora el 30 de agosto.

Durante 2011 –y a pesar de los obstáculos en las investigaciones y de los frecuentes contratiempos– se registraron avances significativos en la investigación y el enjuiciamiento de las desapariciones y otros abusos contra los derechos humanos cometidos bajo regímenes militares en toda América Latina. En Brasil, la presidenta Dilma Rousseff promulgó la ley de creación de una Comisión de la Verdad encargada de investigar las violaciones de derechos humanos cometidas entre 1946 y 1988.

En Chile, el número de casos de violaciones de derechos humanos objeto de instrucción judicial alcanzó sus cotas más altas hasta la fecha cuando un fiscal presentó 726 causas penales nuevas y más de 1.000 denuncias interpuestas a lo largo de los años por familiares de personas ejecutadas por motivos políticos durante el gobierno militar del general Augusto Pinochet. Tras pasar 25 años en el exilio, el ex presidente Jean-Claude Duvalier regresó a Haití y fue objeto de una investigación criminal basada en las denuncias sobre graves violaciones de derechos humanos –incluidas desapariciones– presentadas por víctimas y sus familiares y en documentación ofrecida por Amnistía Internacional.

En algunos países, sin embargo, la justicia sigue siendo una lejana esperanza para los familiares de miles de personas desaparecidas. Suyapa Serrano Cruz continúa buscando a sus dos hermanas, Ernestina y Erlinda; el 2 de junio de 1982, cuando las niñas tenían siete y tres años y el sangriento conflicto en El Salvador se encontraba en su momento álgido, unos soldados se las robaron a la familia durante una operación militar cerca de su casa. Han pasado 30 años, y nadie sabe dónde están Ernestina y Erlinda. Siguen siendo dos de los aproximadamente 890 niños y niñas desaparecidos durante el conflicto. Aunque la ONG local Pro-Búsqueda ha localizado a algunos en los últimos años, la familia de Suyapa es una de las muchas que continúan sufriendo el dolor de no saber qué ha ocurrido con sus seres queridos.

Para Lucía Cuevas, la ausencia de justicia por la desaparición de su hermano Carlos, activista político, en 1984, y la tortura y el asesinato de su esposa y su hijo en Guatemala en 1985, también contribuye a que la herida siga abierta. Aunque el pasado diciembre el entonces presidente guatemalteco Álvaro Colom admitió la responsabilidad del Estado por la desaparición de Carlos y pidió perdón públicamente por este crimen, nunca se ha encontrado a Carlos ni se ha procesado a nadie por su desaparición ni por el asesinato de su esposa Rosario –fundadora del GAM, una organización integrada por familiares de personas desaparecidas– o el de su bebé. La historia es tristemente parecida a la de la mayoría de los 200.000 casos de desapariciones forzadas registrados durante el conflicto interno en Guatemala desde 1960 hasta 1996. A pesar de los avances en las investigaciones de las desapariciones forzadas, muchos oficiales de alto rango que participaron en esos crímenes han conseguido eludir la justicia en toda la región.

En diciembre de 2011, los ecologistas mexicanos Eva Alarcón y Marcial Bautista fueron sacados del autobús en el que viajaban a Ciudad de México desde su ciudad natal en el estado de Guerrero; no se les ha vuelto a ver. Los intentos de investigar los hechos han sido débiles y han estado plagados de irregularidades, aunque, según han identificado los testigos, en el grupo que los detuvo había agentes de policía.

Las historias de Eva y Marcial no son algo fuera de lo común en México. En los últimos años se ha registrado en el país un aumento vertiginoso del número de secuestros y desapariciones forzadas, en el contexto de la crisis de la seguridad pública y la violencia de los cárteles de la droga. También se ha denunciado la desaparición de un gran número de personas migrantes en situación irregular que cruzan México hacia Estados Unidos procedentes de América Central.

Según el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, en México sigue sin conocerse el paradero de aproximadamente 3.000 personas secuestradas por bandas delictivas o víctimas de desaparición forzada a manos de las fuerzas de seguridad durante la persistente crisis de la seguridad pública. La reiterada ausencia de investigaciones sobre estos casos ha negado el acceso a la justicia para las familias y las ha puesto en peligro de sufrir represalias por buscar la verdad.

Más hacia el sur del continente americano, la desaparición forzada sigue siendo una práctica sistemática y generalizada, obra fundamentalmente de fuerzas de seguridad y paramilitares, en el conflicto interno que sufre Colombia desde hace 45 años. Se cree que al menos 30.000 personas han sido víctimas de desaparición forzada durante el conflicto. Además, sigue sin conocerse el paradero de un gran número de civiles secuestrados por grupos guerrilleros.

En 2001, cuatro miembros de la familia Galárraga –Jenny Patricia, de 19 años, las gemelas Nelsy Milena y Mónica Liliana, de 18, y María Nelly, de 13– fueron secuestradas por paramilitares en el departamento meridional de Putumayo. Sus cadáveres no se encontraron hasta 2010. Los peritos informaron de que los cuerpos tenían algunas prendas de ropa, y que cuatro habían sufrido torturas; tres muchachas habían sido descuartizadas antes de morir y a la cuarta la mataron a golpes. Además, habían sido violadas o sometidas a otros abusos sexuales.

Aunque en un primer momento la fiscalía se negó a investigar si las cuatro habían sido víctimas de violencia sexual, recientemente ha admitido que se cometieron delitos de índole sexual. Sin embargo, sólo uno de los 10 paramilitares implicados en los crímenes ha sido acusado de este delito.

Desde la desaparición de Juan Almonte en la capital de la República Dominicana, en septiembre de 2009, sus familiares no han escatimado esfuerzos ni dejado de explorar posibilidades de aclarar el destino que ha corrido. Sin embargo, aún falta mucho para que sepan la verdad. Aunque hay testigos que vieron cómo era detenido por policías, la policía siempre lo ha negado y las autoridades no han llevado a cabo investigaciones efectivas.

Todos los Estados americanos deben ratificar sin demora la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir y examinar las comunicaciones presentadas por víctimas o en su nombre, y por otros Estados, e incorporar a la legislación nacional lo dispuesto en la Convención. “Los gobiernos están obligados a no traicionar a los miles de personas que buscan a sus seres queridos. Seguiremos apoyándolas y presionando a las autoridades para que ofrezcan, a los familiares y a la sociedad en general, toda la verdad, justicia y reparación”, concluye Javier Zúñiga.

FUENTE: Amnistia Internacional
FOTO:cruzarlasalambradawordpress.

Hasta 100.000 millones de euros es el monto máximo de ayuda financiera decidida este sábado por el Eurogrupo para ayudar a los bancos españoles en dificultades. El gobierno español aseguró que “no hay rescate” sino que se trata de un “préstamo en condiciones muy favorables”, según informa, Radio Francia Internacional.

El gobierno de Mariano Rajoy tomó este sábado la decisión de solicitar  una millonaria inyección para sanear su deteriorado sistema bancario. Tras el pedido, los ministros de la zona euro aprobaron recapitalizar el sistema financiero español con un préstamo que podría llegar hasta los 100.000 millones de euros destinados exclusivamente a los bancos españoles que requieran ayuda. Esta vez, a diferencia de los anteriores planes de rescate de Grecia y Portugal, el Fondo Monetario Internacional, FMI, solo supervisará el proceso.

El millonario préstamo saldrá de los fondos europeos y será depositado directamente en el Fondo español de ordenación bancaria, FROP, que, a su vez, lo distribuirá a las entidades financieras del país que lo necesiten. El acuerdo alcanzado este sábado por los ministros de finanzas de la eurozona establece también que, a cambio del colosal préstamo, no se impondrá al gobierno español un plan de austeridad puesto que ya  ha implentado numerosas medidas para reducir el déficit.

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Aunque esta inyección financiera a la banca española será considerada como deuda del Estado, el ministro de Guindos aseguró que con ella se devolverá la confianza a los mercados internacionales y, en consecuencia, habrá menos presión sobre España.

La decisión española fue acogida con satisfacción por varios de sus socios como Alemania, cuyo ministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble, afirmó que "España está en la buena vía", mientras que su homólogo francés, Pierre Moscovici, aseguró que "es un buen acuerdo, es una fuerte señal de solidaridad". También Estados Unidos recibió positivamente la iniciativa de ayuda. La secretaria general del FMI, Christine Lagarde, saludó igualmmente la ayuda "creíble" prometida por la eurozona a España para recapitalizar sus bancos.

El Ejecutivo español cree que la cantidad de 100.000 millones de euros es “suficiente” para convencer a los mercados, después de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) cifró las necesidades de la banca española en 40.000 millones de euros. Pero no todos opinan igual. La ayuda destinada a la deuda privada de los bancos podrá reducir la tensión en el sistema financiero en el corto plazo, pero elevará la deuda pública de España desde el 68,5% del PBI en unos 10 puntos porcentuales, lo que a la larga pondrá en riesgo la solvencia del país, indican algunos analistas.

Mientras la creciente deuda española ensombrece las perspectivas económicas, el Eurogrupo dejó claro que vigilará el cumplimiento de los compromisos respecto a la reducción del déficit y a las reformas y ajustes "necesarios" para conseguirlo.

FUENTES: RFI y TELAM
FOTO: World Economic Forum

Quantas anunció ayer lunes que eliminará 500 puestos laborales de sus sectores de mantenimiento y operaciones como parte de un plan de reestructuración. A partir de agosto, dejarán de realizarse actividades de mantenimiento de Quantas en el aeropuerto de Melbourne, las que se realizarán en Brisbane. Además, Qantas se dividirá en dos empresas: nacional e internacional.

Esta decisión se debe a que cayeron 83% las ganancias de la empresa en sólo seis meses. La medida pondrá fin en agosto a las actividades de mantenimiento e ingeniería de Qantas en el aeropuerto Tullamarine de Melbourne y consolidará esas operaciones en Brisbane y Avalon, cerca de Melbourne.

Qantas ha anunciado que va a dividir sus brazos nacionales e internacionales en empresas separadas a partir de julio. Serán dos negocios separados como parte de un plan de transformación. Había veces que el negocio nacional ganaba $ 800 millones al año, mientras que el negocio internacional estaba perdiendo $ 200 millones.

Mientras tanto, los 535 de Qantas ingenieros aeronáuticos licenciados en Victoria cuyos puestos de trabajo desaparecerán en agosto, podrían ser reubicados por Virgin que dijo que tendrá en cuenta los trabajadores desplazados de Qantas para cualquier vacante futura.

FUENTES: prensa local
FOTO: Brian

La lucha y las presiones de organizaciones para obtener buenos financiamientos por parte del gobierno federal en el próximo presupuesto del mes de Mayo, continúan. Este es el caso de las organizaciones de ayuda, que afirman que Australia podría caer de nuevo a ser un “contribuyente pobre”, para los estándares internacionales, si el Gobierno Federal sucumbe a las presiones financieras globales y reduce su compromiso con los programas de asistencia.

En su estado actual, a pesar de duplicar sus compromisos de ayuda internacional desde el año 2005, Australia se ha descrito por algunos como un contribuyente por debajo del promedio.

En 2005 el presupuesto de ayuda de Australia fue de dos mil millones de dólares. Fue entonces cuando el anterior gobierno, de John Howard, se comprometió a duplicarlo para el año 2010. Esa promesa fue igualada por el gobierno de Kevin Rudd, que ha alcanzado la cifra de cuatro mil millones de dólares para el año 2010.

El profesor Stephen Howes es director del Centro de Políticas de Desarrollo en la Universidad Nacional de Australia y fue miembro del panel que el año pasado realizó la más grande revisión independiente del programa de ayuda oficial de Australia.

El profesor Howes dice que el Presupuesto Federal en mayo revelará si la actual primera ministra, Julia Gillard, cumple con la promesa de aumentar el apoyo australiano.

Para conocer más de este tema...

Escuche a Carlos Colina en RADIO SBS en español.
Vaya: Ultimos programas y elija: Wednesday, 25 April (1:00 - 2:00)

FUENTE: Radio SBS Spanish
FOTO: saladeinversion

Amnistía Internacional anunció este lunes que se ha registrado un alarmante aumento en el número de ejecuciones en el mundo.

En su revisión anual, la organización que promueve los derechos humanos dijo que el mayor aumento -del 50%- ocurrió en países del Medio Oriente: Irak, Irán, Arabia Saudita y Yemen. Amnistía asegura que China sigue ejecutando a miles de presos cada año (las cifras exactas son secreto de Estado), aunque se ha eliminado la pena de muerte por trece crímenes de cuello blanco.

Asia y Oceanía

En 2011 hubo en toda la región evidentes indicios positivos de que se estaba cuestionando la legitimidad de la pena capital. Según los informes recibidos, sin contar con los miles de ejecuciones que al parecer fueron llevadas a cabo en China, en siete países de la región de Asia y Oceanía fueron ejecutadas al menos 51 personas. Se tuvo noticia de que se impusieron al menos 833 nuevas condenas a muerte en 18 países de la región.

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La subregión de Oceanía siguió siendo una zona sin pena de muerte, a excepción de cinco condenas a muerte impuestas en Papúa Nueva Guinea. No se registraron ejecuciones en Japón –por primera vez en 19 años– ni en Singapur. Las autoridades de ambos países habían mostrado previamente su firme apoyo a la pena capital.

LEA TODO EL INFORME

El informe de la organización también revela que el número de países que utiliza la pena de muerte disminuyó en un tercio, en comparación con hace una década.

FUENTE: BBC Mundo
FOTO: morguefile

Según el recién publicado Perfil Migratorio de Paraguay, 1870, año del fin de la guerra de la Triple Alianza (Argentina, Brasil y Uruguay) contra Paraguay, es una fecha crucial en cuanto a la repoblación de este país sudamericano sin salida al mar. Con una cifra de víctimas mortales superior a 300.000 y una economía en ruinas, los gobiernos de la posguerra se centraron en la colonización agrícola con inmigrantes para así reconstruir el sector primario de producción.

No obstante, con esta política no se consiguió atraer a los flujos migratorios europeos deseados, siendo este 100 veces menor en Paraguay que en los países ganadores, sobre todo en Argentina y Brasil, y, en menor grado, en Uruguay. A la necesidad de repoblar el país se sumó un drástico aumento de la emigración al otro lado de la frontera, en especial a Argentina.

Si bien se trata de una tendencia que ha continuado hasta el día de hoy, Paraguay ha recibido pequeños grupos de migrantes europeos y norteamericanos que han dejado su impronta a través del establecimiento de importantes colonias y ciudades agrícolas y de la integración social y cultural en la población paraguaya.

La anarquía, la inestabilidad política, guerras civiles y una dictadura dilatada y muy represiva en gran parte del siglo XX, han sido factores decisivos en el aumento de los flujos migratorios, expandidos a otros países de la región y allende, a saber: Estados Unidos, España, Italia y Francia.

A mediados de la década de los 60, los brasileños conformaban el único y principal flujo de inmigrantes en Paraguay. Su importancia residía en el impacto de la consolidación de un modelo de producción agrícola y ganadera de alta tecnología que no precisaba de mucha mano de obra.

Este modelo, asociado a las grandes sociedades transnacionales dedicadas a las exportaciones de cereales y carne, solo ha servido para intensificar los flujos de emigración más recientes, impulsados principalmente por la expansión simultánea de un mercado laboral muy informal, caracterizado por el subempleo y el desempleo, y que afecta sobre todo a jóvenes y mujeres.

El Perfil Migratorio aborda el modo en que la emigración en Paraguay está influenciada por las fluctuaciones del desarrollo económico y de los mercados laborales de los países de destino. Eso explicaría cómo la crisis económica de Argentina, en la década de los 90, junto con la restrictiva política de inmigración de la Unión Europea ha causado elevados niveles de vulnerabilidad entre los migrantes paraguayos y, en última instancia, el retorno o repatriación de grupos relativamente numerosos.

No obstante, nada de esto ha cejado en el deseo de los paraguayos de emigrar tan pronto como las condiciones en estos países muestren los primeros síntomas de recuperación. Aun así, la población migrante sigue siendo muy vulnerable a percibir bajos salarios, a una situación irregular y a condiciones de empleo precarias.

Tal y como señala la publicación, la política de regularización aplicada en Argentina desde el año 2000 ha sido un factor significativo que ha mejorado la situación de los migrantes paraguayos en el país.

En similar condición de irregularidad se encuentra en el país un número indeterminado de inmigrantes, sobre todo de los más recientes. Las debilidades, la ineficiencia y las malas prácticas vigentes por largos años en los órganos oficiales responsables de las políticas y medidas administrativas migratorias en el Paraguay, han contribuido a esa situación. En los tres últimos años se empiezan a percibir ostensibles cambios en los mismos de manera que los controles, los registros y la expedición de documentos de residencia temporaria y permanente han comenzado a mejorar.

ACCEDA AL INFORME COMPLETO

Las cifras ajustadas más recientes de emigración paraguaya, obtenidas de diversas fuentes, permiten estimar a inicio de 2010 en alrededor de 777.000 el total de emigrantes actuales, representando casi el 12% de la población total proyectada al 2010, mientras que el último recuento censal del año 2002 indicaba la presencia de poco más de 173.000 extranjeros que representaban el 3,4% de la población total censada ese año. Durante la reciente década, han arribado al país nuevos flujos de inmigrantes de origen libanés, chino, coreano, brasilero, vinculados a la actividad comercial fronteriza con el Brasil, en particular en Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero, Saltos del Guairá, cuyos impactos cuantitativos podrán dimensionarse con el Censo de 2012.

Las actuales corrientes de migración y las nuevas condiciones políticas e institucionales que las enmarcan en la región y en el mundo, exigen una revisión de la legislación, la política y las instituciones responsables de la migración en el Paraguay. La creciente visibilidad de las organizaciones paraguayas de emigrantes en los países de destino, la conciencia que asumen sobre el poder de sus remesas (casi 12% del valor en divisas de las exportaciones en 2009) y la presión que ejercen en reclamo de mejoras en su situación económica, laboral, social y jurídica y del reconocimiento de sus derechos humanos, se suman hoy día a esa expectativa.

Los Perfiles Migratorios, financiados a través del Fondo de Desarrollo de la OIM, son elaborados en estrecha colaboración con entidades gubernamentales que se ocupan de asuntos relacionados con la migración. Son concebidos como herramientas que permiten a los gobiernos identificar y comprender las realidades migratorias de sus países, así como las necesidades de desarrollo de políticas y estrategias, tanto a nivel regional como nacional, para una buena gestión de la migración.

En Sudamérica, la OIM ha realizado los Perfiles Migratorios de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Venezuela, y actualmente finaliza el de Perú.

FUENTE: OIM
FOTO: Portada del informe

El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, ha anunciado este lunes su decisión de perdonar a los cuatros periodistas del diario 'El Universo', condenados a tres años de prisión y a pagar una millonaria multa, a pesar de que el rotativo no "corrigió su mentira" y puso en evidencia el "abuso mediático" que existe en esa nación sudamericana.

"Así como tomé la decisión de iniciar este juicio he decidido ratificar algo que hace tiempo estaba decidido en mi corazón y que decidí también con familiares, amigos y compañeros cercanos: perdonar a los acusados, concediéndoles la remisión de las condenas que merecidamente recibieron", ha revelado Correa en un discurso transmitido por las cadenas locales desde el salón amarillo del Palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo.

La Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador ratificó la semana pasada por unanimidad la sentencia emitida el pasado julio que condenaba a tres años de prisión y al pago de una multa de 30 millones de dólares en concepto de indemnización a los directores de 'El Universo', Carlos, César y Nicolás Pérez Barriga, y al periodista Emilio Palacio. Además, la compañía El Universo S.A. fue multada con otros diez millones de dólares (7,6 millones de euros).

Los cuatro condenados se encuentran refugiados fuera de Ecuador y han sido beneficiados por las medidas cautelares que otorga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido a su compleja situación. Una de las jueces que llevó el caso también ha pedido la misma protección internacional, al denunciar que tanto ella como su familia han sido víctimas de amenazas.

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La querella, iniciada el 22 de marzo, es por el artículo de opinión 'No a las mentiras', firmado por Palacio el pasado 6 de febrero, en el que se refiere al mandatario como un "dictador" y le acusa de "haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente" durante la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010, que ha sido calificada por Correa como un intento de golpe de Estado.

"Nunca quise ese juicio", ha confesado Correa, rodeado de ministros, funcionarios y representantes de gobiernos extranjeros. "Nunca buscamos quebrar a alguien, lo único que buscamos y así lo dijimos es la verdad", ha destacado.

Según el mandatario, el proceso judicial cumplió con uno de los objetivos de su gobierno que era "demostrar que 'El Universo' mintió y no corrigió su mentira atentando, ellos sí, contra la Constitución, los Derechos Humanos y la más elemental ética".

Pero además se ha puesto en evidencia que "los responsables no son solamente los malquerientes que no tienen nada que perder que se prestan a cualquier cosa por odio, sino los directivos del medio y el propio diario a través del cual se instrumentan las infamias", ha aseverado.

En este sentido, Correa hizo un llamamiento a los ecuatorianos para que "superen el miedo a esa prensa que actúa de manera corrupta y abusiva", pues insiste en que con lo ocurrido recientemente "se demostró que se puede enjuiciar y vencer al abuso del poder mediático".

Correa también ha decidido desistir de la demanda contra los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, autores del libro 'El Gran Hermano', a quienes se les había impuesto una multa de dos millones de dólares por supuestos daños morales contra Correa.

En el libro, Calderón y Zurita aseguran que el mandatario estaba al tanto de los contratos que suscribió su hermano Fabricio Correa con algunas instituciones públicas y que desataron un gran escándalo en Ecuador, pese a que el mandatario lo ha negado en repetidas ocasiones. "En su soberbia, no es que les caemos mal porque somos corruptos, sino que debemos ser corruptos porque les caemos mal", ha dicho Correa al referirse a la publicación.

"La prensa abusiva ha sido vencida, esa prensa que ante la derrota contundente de la derecha y los grupos conservadores se ha convertido en un actor político beligerante contra los gobiernos progresistas y que arremete en forma ilegitima, deshonesta, prepotente contra las conquistas democráticas de nuestros pueblos", ha expresado.

FUENTE: Europa Press
FOTO: Instantánea tv

La Media Luna Roja siria entró este viernes en el barrio de Baba Amro de la ciudad siria de Homs para evacuar a los heridos producidos por los bombardeos de las fuerzas del presidente Bachar Al Asad, entre ellos los periodistas extranjeros, según el grupo opositor Comités de Coordinación Local (CCL). Han comenzado con el traslado de las mujeres y niños.

En Baba Amro, castigado por los bombardeos desde principios de mes, murieron el pasado miércoles la periodista estadounidense Marie Colvin y el fotógrafo francés Rémi Ochlik, mientras que la reportera francesa Edith Bouvier, el reportero gráfico británico Paul Conroy y el francés William Daniel resultaron heridos.

Antes, el ministro de Exteriores francés Alain Juppé, había dicho en Túnez, en la conferencia "Amigos de Siria", que el gobernador de Homs y la Cruz Roja estaban trabajando para evacuar a los periodistas extranjeros heridos allí por los ataques.

Al menos 52 personas murieron este viernes en Siria, según grupos opositores, en distintos ataques de las fuerzas de seguridad, mientras que han sido hallados 18 cadáveres en la provincia de Hama.

El resto de víctimas se han registrado en la provincia nororiental de Hasaka (diez), en las septentrionales de Idleb (seis) y Alepo (cuatro), en la meridional de Deraa (tres) y en la oriental de Deir el Zur (una).

La ciudad de Homs, asediada desde principios de mes, continúa siendo el blanco de los bombardeos de las tropas leales al régimen de Bachar al Asad, que han dejado centenares de víctimas y hace dos días causaron la muerte de dos periodistas extranjeros.

Los Comités de Coordinación Local (CCL) han señalado que, desde primera hora de la mañana, se han reanudado los ataques contra varios barrios de la ciudad, en especial contra el de Baba Amro, el más castigado por la ofensiva.

La situación en Homs es crítica, según los opositores, que advierten de la escasez de alimentos y medicinas básicas, y del corte de las comunicaciones y la electricidad.

Las manifestaciones en apoyo a la población de Baba Amro se han extendido este viernes  por las provincias de Idleb, Alepo, Deir el Zur y en localidades de los alrededores de Damasco. Varias marchas fhan sido  reprimidas con violencia por las fuerzas del orden.

FUENTE: rtve
FOTO: Amnesty International